Marlenys Guevara G. /Abogada y administrativa de la UP
La transformación tecnológica del transporte marítimo ya no es una proyección futura, sino una realidad que comienza a redefinir las bases operativas del comercio internacional. En este contexto, la irrupción de los buques autónomos conocidos como Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) plantea uno de los mayores desafíos contemporáneos para el derecho marítimo.
El marco jurídico internacional vigente fue concebido bajo una premisa clara: la navegación es una actividad esencialmente humana. Conceptos como la figura del capitán, la presencia obligatoria de tripulación a bordo o la toma de decisiones en tiempo real desde el buque constituyen pilares sobre los cuales descansan convenios fundamentales en materia de seguridad, responsabilidad y cumplimiento normativo. Sin embargo, estos elementos comienzan a perder centralidad frente a modelos operativos basados en automatización, inteligencia artificial y control remoto desde tierra.
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reconocido esta disrupción mediante un proceso de revisión normativa para evaluar la compatibilidad de los instrumentos internacionales con la navegación autónoma, evidenciando vacíos e incompatibilidades en áreas como seguridad marítima, certificación de buques y asignación de responsabilidades.
Precisamente, uno de los aspectos más sensibles se encuentra en la determinación de la responsabilidad jurídica ante incidentes o siniestros. En un entorno donde las decisiones pueden ser adoptadas por sistemas automatizados o centros de control remoto, surge una interrogante fundamental: ¿quién responde? La fragmentación de funciones entre armadores, desarrolladores tecnológicos, operadores remotos y fabricantes introduce una complejidad que el derecho marítimo tradicional no estaba diseñado para resolver.
A ello se suma el desafío de la jurisdicción. La deslocalización de las operaciones con buques registrados en un Estado, operados desde otro y gestionados tecnológicamente desde un tercero tensiona los criterios clásicos de conexión jurídica y puede generar conflictos de ley aplicable y de competencia entre Estados.
En paralelo, la digitalización de los puertos y de la cadena logística marítima introduce nuevos riesgos vinculados a la ciberseguridad y la protección de datos.
Para Panamá, este escenario no es ajeno, siendo uno de los principales Estados de abanderamiento a nivel mundial, tiene una responsabilidad directa en la implementación de estándares internacionales y en la garantía de seguridad jurídica para los actores del sector.
Panamá cuenta con ventajas significativas: una posición geográfica privilegiada, experiencia institucional y una sólida tradición marítima. Sin embargo, mantener su competitividad en el escenario global exige anticiparse a los desafíos regulatorios que plantea la navegación autónoma. Ello implica fortalecer su marco jurídico interno, participar activamente en los procesos de discusión internacional y promover una visión integral que articule innovación tecnológica y seguridad jurídica.
La evolución hacia la navegación autónoma es inevitable. El verdadero reto no radica en detenerla, sino en regularla adecuadamente. En este proceso, Panamá tiene la oportunidad de posicionarse no solo como un actor logístico clave, sino como un referente en la construcción del derecho marítimo del futuro.