Redacción / Gregorio De Gracia
Los trabajadores más afectados son los migrantes y representantes de las comunidades indígenas, algunos laboran hasta 12 horas.
Investigadores del Instituto de Estudios Nacionales (Iden), de la Universidad de Panamá, revelan que trabajadores sin contrato definido, sometidos a jornadas excesivas, excluidos del pago de la cuota obrero patronal y el décimo tercer mes, entre otras desproporciones, forman parte de las figuras que reflejan dos agravantes en el país: la explotación laboral y la informalidad.
Los investigadores explican que los más afectados son los migrantes y representantes de las comunidades indígenas.
El investigador universitario y responsable de la base de datos del Iden, Euclides Antonio Méndez, señala que lo que hoy ocurre en el país en relación con la explotación laboral es similar a los detonantes que provocaron que la masa obrera protestara el 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Añade las paupérrimas condiciones en áreas de trabajo donde impera la insalubridad y la inseguridad, con ausencia de las normas de seguridad. Asimismo, trabajadores que laboran hasta 12 horas.
Otro indicador de explotación que menciona el investigador es el incumplimiento de la legislación laboral y el impago de las vacaciones y la seguridad social. Esto es sumamente importante para la pensión o jubilación del empleado.
En relación con la informalidad, Méndez explica que un trabajador informal es aquel que no tiene un contrato de trabajo. Por lo tanto, no hay límites en torno a la explotación a la que este trabajador pueda ser sometido.
La inexistencia de un contrato laboral entre el empleador y el empleado permite el abuso del empresario en perjuicio del trabajador, particularmente durante las horas laborales.
De acuerdo con el investigador, muchos empresarios contratan a quienes llegan al país, para realizar cualquier tipo de empleo u ocupación, sin que esas personas cumplan con las condiciones de formalidad establecidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
En el caso de los migrantes, Méndez reitera que las ofertas que reciben no disponen de un contrato. Además, son expuestos a horarios extendidos, sin seguro social y en condiciones de explotaciones máximas, incluyendo ausencia en medidas sanitarias, etc.
Recuerda que antes las condiciones laborales eran duras para aquellos que tenían bajo nivel educativo. Ahora, también afecta a los profesionales y técnicos, sobre todo, frente a un gobierno que respalda al sector empresarial.
Además, el Mitradel, abiertamente enfrenta al sindicalismo y disuelve sindicatos.
En materia de desempleo, Méndez confirma que de acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, la tasa de desempleo del país hasta 2026 asciende a 227 mil 302 personas. Es decir, mucho más que los desempleados de 2024, cuya cifra era 209 mil 380. El número de desocupados se elevó a 18 mil entre 2024 y 2025.
Para Charlyn Marmolejo, economista y asistente técnico de investigación del Iden, la informalidad laboral en Panamá, en los últimos años, se ha acrecentado. El 47% de los trabajadores se encuentra en el sector informal. De ese porcentaje, el 54% aglutina a jóvenes que tratan de aportar en su hogar.
En algunas empresas los trabajadores son contratados por períodos de 3 meses, sin cotizar a la seguridad social, y no cuentan con estabilidad formal. De igual manera, tampoco pueden aplicar a un trabajo debido a que no tienen prestaciones laborales.
En relación con el 47% de informalidad, una proporción importante de los trabajadores forman parte del sector agropecuario con salarios muy bajos, que no llegan al salario mínimo. En términos claros, la economista señala que no llegan a 300 dólares mensuales, con lo cual nadie puede sobrevivir, ni cubrir sus necesidades básicas.
Estamos en una situación que no ha variado en el tiempo, sino que se ha agudizado, a pesar de que existe un Ministerio de Trabajo y organizaciones internacionales, vigilantes de garantizar los derechos laborales, sostiene.
Marmolejo mira con preocupación la explotación laboral que existe en el país. Afirma que la política implementada por este Gobierno es minimizar y eliminar a los sindicatos obreros. Esto ha ido en aumento con el transcurrir de los años y aún más, cuando el Presidente de la República ha dicho que gobierna para los empresarios.
Se han evidenciado vulneraciones a los derechos de los trabajadores en las mesas de diálogo sobre el salario mínimo, que no aumenta. Es decir, no es cónsono con la realidad social que viven los trabajadores en los sectores: doméstico, obrero y agropecuario, al igual que en el área del comercio, entre otros.
La economista expresa que el gobierno ha implementado algunas políticas y programas de inserción laboral, pero, sin lograr un impacto en la población que demanda trabajo.
Recalca que se espera que en los próximos 2 años la revisión del salario mínimo difícilmente produciría un impacto significativo sino se realizan cambios sustanciales.
Y, cita el caso del costo del combustible y el encarecimiento de los productos, sin que ello se traduzca en una mejora o aumento en el ingreso de los trabajadores.