Mgtr. Dayssi A. Crócamo / Especialista en Recursos Humanos
En el sector público se ha vuelto común un fenómeno que antes parecía excepcional: numerosos trabajadores mantienen sus funciones tras obtener su jubilación. Esta permanencia responde, principalmente, a dos factores. El primero es económico: para muchos, la pensión no compensa el incremento sostenido del costo de vida y no garantiza un nivel de bienestar adecuado. El segundo es humano y profundamente emocional: quienes se encuentran en plena capacidad física e intelectual sienten que, al retirarse, pierden también los espacios donde aportar su experiencia acumulada. Tras décadas de servicio, todavía se reconocen —y efectivamente son— profesionales capaces de seguir contribuyendo al aparato estatal.
Estas dos dimensiones tienen efectos significativos en la gestión del talento humano dentro del sector público. Cuando el personal que ya cumplió los requisitos para retirarse decide mantenerse en sus cargos, se ralentiza la movilidad interna, se aplazan ascensos y se restringe el ingreso de nuevos perfiles. La planificación de personal se vuelve incierta: ¿cuándo se liberará una posición?, ¿cuándo se podrá convocar un concurso?, ¿cómo organizar adecuadamente la sucesión si el retiro se posterga indefinidamente?
No obstante, esta situación no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales. Existe un trasfondo estructural. Por una parte, las pensiones pierden valor progresivamente. Por otra, el país no ha desarrollado políticas que permitan aprovechar la experiencia de los jubilados en roles de mentoría, consultoría o transferencia de conocimientos, lo que genera la sensación de que el retiro implica un corte abrupto con la vida profesional.
Frente a ello, resulta imprescindible impulsar una discusión seria sobre la indexación de las pensiones, entendida como el mecanismo mediante el cual los beneficios se ajustan periódicamente para preservar su valor real frente a la inflación y las variaciones en el costo de la vida (Organización Internacional del Trabajo, 2018).
Al mismo tiempo, es necesario diseñar mecanismos que permitan aprovechar la experiencia acumulada por los servidores públicos a lo largo de su trayectoria. Esto constituye un elemento clave para fortalecer la capacidad institucional del Estado (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2016).
Tanto la indexación como las políticas de continuidad del conocimiento exigen análisis técnico, responsabilidad fiscal y una visión de largo plazo que proteja la dignidad del retiro y, al mismo tiempo, fortalezca el funcionamiento del Estado.
Mientras las pensiones no garanticen estabilidad y no existan mecanismos para integrar la experiencia de quienes ya cumplieron su ciclo laboral, muchos servidores públicos seguirán trabajando más por necesidad o falta de alternativas que por deseo genuino.
Esta realidad merece atención. La jubilación debe representar un derecho tangible, no un sacrificio financiero ni un salto al vacío profesional. Y en esa ecuación, el Estado tiene el deber de valorar tanto la renovación del talento como la sabiduría acumulada de quienes han dedicado su vida al servicio público.