Carlos Iván Caballero G. /Periodista * Fotos: Ian M. Arcia L.
A inicios de febrero del año en curso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional, de forma unánime, el tope salarial para el cálculo del décimo tercer mes de los funcionarios públicos.
De acuerdo con la corte, el fallo surgió luego de que 2 abogados interpusieron 2 demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 52 de 16 de mayo de 1974, por la cual se establece el XIII mes para los servidores públicos, modificada por la Ley 133 de 31 de diciembre de 2013.
El Semanario La Universidad consultó con juristas y otros especialistas para conocer su interpretación y el alcance de dicho fallo.
En la web de la CSJ se lee: “El Pleno, en las consideraciones de este fallo, afirma que los principios de igualdad y no discriminación son las piedras angulares del derecho internacional y al mismo tiempo son los derechos humanos más ampliamente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La sentencia de la máxima magistratura de justicia declara que “el Estado está en la obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor, el mismo salario, y si a ese mismo trabajador se le ha reconocido el mismo derecho de bonificación, no puede existir un tratamiento distinto al momento de calcular esa bonificación so pretexto de pertenecer a sectores diferentes (público y privado), pues es una conducta claramente discriminatoria”.
Plinio Francisco Valdés Fuentes, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, explica que el fallo equipara el décimo al de la empresa privada. Es un acto de justicia; en el país no pueden haber 2 legislaciones diferentes sobre un mismo tema, añade.
Fuentes detalla que la explicación emitida por el Gobierno de que la nueva prima del décimo no entra en el cálculo de este año es comprensible, debido a que el presupuesto anual se aprobó antes de que la CSJ emitiera el fallo. Sin embargo, el Gobierno debe encontrar los mecanismos para cancelar.
Sustenta que el Estado siempre tiene fórmulas para compensar los imprevistos y el fallo de la CSJ es un imprevisto. Se supone que el presupuesto de 2023 no se ejecutó en su totalidad. Al no realizar el 100% de la inversión, queda un remanente que puede utilizarse para completar el pago.
Aresio Valiente López, director del Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, afirma que, a través del fallo se ejerció control constitucional. Es decir, la ley antigua sobre la cual se pagó el décimo violaba en materia laboral los tratados internacionales.
Estos derechos se encuentran ratificados en la Convención Americana, y en los tratados firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todos expresan que los trabajadores son iguales. Manifiesta que el Gobierno debe dar el ejemplo. Menciona que exigía a la empresa privada pagar lo justo, pero este no cumplía.
Para Charlyn Marmolejo González, economista del Instituto de Estudios Nacionales (Iden), el Gobierno debe incrementar el presupuesto en 2025, y cumplir con el pago del décimo.
Según la economista el Gobierno adquirió un préstamo que se apróxima a los 3 mil 100 millones de dólares. Aclara que parte de ese dinero se utilizará para hacer frente a la deuda que tiene con la sociedad. El pago del XIII mes contribuye a que esta administración mantenga en rojo las finanzas del Estado, y que la entrante herede el déficit.
González manifiesta que quien dirija los destinos del país durante el próximo quinquenio deberá crear propuestas financieras innovadoras para reflotar la deuda que ya alcanza los 50 mil millones de dólares. Dicha deuda representa un porcentaje muy alto comparado con el PIB (Producto Interno Bruto) que se genera anualmente.
Añade que, desde la reapertura, después de la pandemia, el sector público ha estado sosteniendo la economía nacional porque la empresa privada ha dejado de generar empleos.
Olmedo García, sociólogo y decano de la Facultad de Humanidades, considera que el país ha mantenido el crecimiento del PIB, lo cual es un indicativo de que se puede hacer frente a la deuda.
El desembolso de casi 400 millones mejorará las condiciones económicas de quienes reciben el beneficio. También, se favorece a la empresa privada y a los trabajadores informales; dando forma a un círculo interminable de beneficios que termina fortaleciendo las arcas estatales.
El profesor concuerda con las declaraciones de la economista Marmolejo y el abogado Fuentes al señalar que la empresa privada ha dejado de generar empleos. Y, que los trabajadores del sector público han cargado durante muchos años la economía nacional.