Carlos Iván Caballero G. /Fotos
El 29 de enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 16 de enero de 1997 que otorgó a Panamá Ports Company la administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
De acuerdo con información publicada en la web de la Presidencia, el presidente José Raúl Mulino manifestó que el Gobierno mantendrá una estrategia para sostener la operación de los puertos en las riberas del Canal e iniciar una transición, buscando los mejores resultados e interés para el país, mediante un esquema de operación de los puertos por separado.
Para Marco Tulio Londoño, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el fallo de la CSJ no determina que los puertos tienen que irse de Panamá. Señala que la Corte hace referencia a que algunas partes del acuerdo suscrito entre el Estado y Panamá Ports Company, violan varios artículos de la Constitución Política.
Explica que un tema es señalar que algunos artículos del contrato son inconstitucionales, y otro es anularlo o declarar que no tiene efecto. La decisión de anular el contrato viene del Órgano Ejecutivo.
La empresa puede presentar demandas en contra del Estado en la Corte Internacional y en la Corte de Arbitraje, lo que podría afectar al país. En tal sentido, señala que el estado panameño sería el único responsable, tras ofrecer todas las ventajas a la empresa trasnacional.
Según el docente, la toma de los puertos por parte del Gobierno podría afectar la inseguridad jurídica del país, debido a que, al eliminarse la concesión, pudiesen surgir reacciones jurídicas por parte de la empresa y en perjuicio de Panamá.
De acuerdo con la lectura del letrado, el Gobierno, al conocer de la violación de algunos preceptos constitucionales pudo negociar con los puertos y solucionar el problema.
Guillermo Salazar, profesor de la Facultad de Economía, explica que luego de la firma del contrato entre el Estado panameño y Panamá Ports, posteriormente, durante en el período 1999-2004, dicho acuerdo fue modificado mediante un proceso denominado equiparación.
La equiparación se realizó con el objetivo de reducir los compromisos económicos que tenía la trasnacional con el Estado.
Por citar un ejemplo, en Colón, en el puerto Evergreen, la empresa extranjera construyó calles, edificios y otras facilidades. Por ello, obtuvieron concesiones a su favor, no establecidas en el primer contrato. Añade que la negociación perjudicó la economía nacional.
El economista sostiene que el Gobierno necesita de la inversión privada para mantener un impacto económico positivo en los puertos. Y que, por su lado, el Estado debe garantizar la estabilidad en los contratos firmados.
En relación con la equiparación, menciona que una de las condiciones que varió fue que Panamá Port entregaría al Estado el 10% de las utilidades anuales. Sin embargo, la entidad subcontrataba a empresas que le pertenecían para que le cobraran caro. La acción provocaba que la portuaria ganara menos y así continuaban pagando el 10%, pero era menos dinero para el Estado.
El director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía, Reyes Arturo Valverde Batista, se refiere a una premisa: Panamá es garante de participar de manera activa en el comercio internacional.
Advierte que la inseguridad que cubre los puertos, podría traer inestabilidad económica al país ya que la inversión extranjera en este rubro actuaría con cautela para no ver su inversión comprometida. Sin embargo, sostiene que la decisión legal obedece al incumplimiento de la empresa.
El jurista recuerda que Panamá se ha beneficiado siempre del desarrollo logístico que emprenden las trasnacionales; si el Gobierno detiene la inversión extranjera se creará un problema en la generación de empleos y el fisco se verá afectado al dejar de percibir las ganancias que genera la actividad portuaria.
Al pasar la administración de los puertos al Estado se expone a que se generen riesgos económicos debido a la falta de experiencia. Cita como ejemplo la capacidad de Panamá Ports, que posee un sistema logístico capaz de movilizar 6 millones de contenedores anuales.
En este sentido, enfatiza las limitaciones del Gobierno de lograr resultados similares.
Rolando Gordón Canto, decano de la Facultad de Economía, mira con optimismo la toma de los puertos por parte del Gobierno. Sostiene que la trasnacional no generaba los impuestos acordados al fisco nacional.
Alude a que, mediante una nueva negociación, Panamá debe exigir un porcentaje más elevado y que los recursos del Estado no se regalan.
Entre las nuevas exigencias, el Gobierno debe pedir la creación de empleos permanentes y que se cumpla con los acuerdos pactados en el contrato.
Para el economista, la posición geográfica de Panamá en el comercio marítimo mundial cada año cobra más relevancia. Por ello, tiene todas las ventajas para alcanzar buenos contratos.